La ley de salud mental, número 26657, es una de las reformas más importantes en la atención sanitaria en nuestro país. A pesar de ser una actualización necesaria, la normativa generó y genera opiniones encontradas. No sólo a raíz de lo que plantea el texto, sino también de las herramientas dispuestas para su reglamentación.
¿De qué se trata esta ley? ¿Cuál es su concepción de la salud mental? ¿Cuáles son sus puntos más importantes? En este artículo de Cales, abordaremos estos y otros interrogantes sobre la normativa. Seguí leyendo para descubrir más sobre la ley de salud mental.
Ley de Salud Mental: resumen
Esta normativa busca garantizar el derecho a la protección y acceso a la atención de la salud mental. Esta ley no sólo protege a las personas con padecimiento mental, sino que también están contemplados en su seno los individuos con usos problemáticos de drogas.
La ley expresa que las personas con padecimiento mental deben ser atendidas y tratadas en hospitales comunes y no en instituciones psiquiátricas. Este es quizá el aspecto central de la norma, sobre el que profundizaremos más adelante. La internación, si llegase a ser el recurso necesario, debe ser breve y previamente notificada a un juez.
Entre los derechos que esta ley establece para los ciudadanos figura el de tomar decisiones relacionadas con la propia atención y tratamiento -dentro de sus posibilidades-. También expresa que la persona tiene derecho a no ser objeto de tratamientos experimentales ni investigaciones clínicas sin su consentimiento.
Otro aspecto a resaltar en el texto es que los padecimientos mentales no deben ser considerados como estados que no se pueden modificar.
¿Qué es la salud mental según la Ley 26657?
La ley 26657 reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, culturales, socioeconómicos, biológicos y psicológicos. Al considerarla de esta manera, plantea que su “preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social”. El cuidado de la salud mental está vinculado entonces a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.
Un pilar fundamental de la ley es que parte de la presunción de capacidad de todos los sujetos. De este modo, prohíbe en el campo de la salud mental los diagnósticos basados exclusivamente en status político o la pertenencia a un grupo cultural, religioso o racial. Asimismo, no se puede diagnosticar en base a demandas familiares, laborales o falta de adecuación a valores morales, culturales, políticos o religiosos prevalecientes en la comunidad.
La elección o identidad sexual no puede ser motivo de un diagnóstico de patología mental. Tampoco lo son los antecedentes de tratamiento u hospitalización.
La ley abarca a las adicciones como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas cuentan con todos los derechos y garantías en su relación con los servicios de salud.
¿Cuándo se sancionó la ley de salud mental en Argentina?
La Ley Nacional de Salud Mental 26657 fue sancionada por el Poder Legislativo el 25 de noviembre de 2010. A su vez, fue promulgada por el Ejecutivo el 2 de diciembre de 2010, y apareció en el Boletín Oficial al día siguiente, 3 de diciembre.
Puntos claves de la ley
Desmanicomialización
De acuerdo a la ley de salud mental, la internación es “un recurso terapéutico de carácter restrictivo” (Art. 14). Como tal sólo puede realizarse cuando aporte más beneficios terapéuticos que las demás intervenciones posibles en su entorno familiar, comunitario o social. Todo el texto de la normativa muestra un marcado énfasis en la desmanicomialización.
El artículo 27, por ejemplo, prohíbe la creación de nuevos manicomios y neuropsiquiátricos públicos o privados. Los ya existentes deben adaptarse a los objetivos y principios de la ley, con miras a su sustitución definitiva por dispositivos alternativos.
Por su parte, el artículo 28 ordena la internación de las personas con padecimientos mentales que lo requieran en hospitales generales. El rechazo por parte de estos hospitales generales se toma ahora como un “acto de discriminación”, penalizado por la ley 23.592.
Internación involuntaria
El artículo 20 es uno de los más importantes dentro de la ley de salud mental. Este aborda un punto crucial del principio de desmanicomialización. Hablamos de la internación involuntaria de una persona. Para empezar, considera esta medida como un recurso terapéutico excepcional, siempre que no sean posibles los abordajes ambulatorios.
La intervención involuntaria sólo podrá realizarse cuando un equipo de salud considere que existe una situación de riesgo “cierto e inminente para sí o para terceros”. Para que se pueda proceder a la internación involuntaria se deben contar con los siguientes requisitos:
- Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación y determine una situación de riesgo cierto e inminente. Este documento debe contar con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, sin relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona. Uno de estos profesionales deberá ser psicólogo o psiquiatra.
- Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento.
- Informe acerca de las instancias previas implementadas, en caso de que las hubiera.
Ley de salud mental: críticas
Desde los debates previos y la sanción, la ley tuvo fuertes apoyos y rechazos. Por un lado, la normativa fue recibida con entusiasmo por organizaciones de derechos humanos, asociaciones de psicólogos, trabajadores sociales y organizaciones de usuarios y familiares.
El rechazo a la ley de salud mental está liderado por la comunidad médica, en particular del área de psiquiatría. Alejandro Bernabé, de la Sociedad de Psiquiatría y Psicología Médica de Mar del Plata, reclamó que las asociaciones de psiquiatras y las cátedras universitarias de psiquiatría no fueron consultadas para la elaboración de la ley. Bernabé afirmó: “No es materia de los legisladores decidir qué es una enfermedad mental, quién la trata y cómo se cura; (…) son temas de la psiquiatría”.
Por su parte, Andrés Mega, psiquiatra del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional criticó la ley en una conferencia en 2011. El especialista opinó que la ley brinda una definición incomprensible de la salud mental, “con un gran sesgo ideológico y político”.
La crítica más severa vino de parte de la Confederación Médica de la República Argentina, Asociación Argentina de Psiquiatras y la Asociación Médica Argentina. Estas y otras sociedades afines firmaron una declaración en rechazo a la ley, llamada “Por un plan nacional de salud mental”. El documento de oposición sentenció: “No va a ser un instrumento útil (…) porque es inaplicable”.
Diferencias entre la nueva ley de salud mental y la anterior
La ley de salud mental derogó la anterior normativa en la materia (Ley 22.914), de 1983. La vieja reglamentación establecía las normas para regular la internación en establecimientos de salud mental. También se modificó el texto del artículo 482 del Código Civil, para impedir así las internaciones de individuos por su peligrosidad.
Los cambios en concepciones y aspectos clave de la salud mental son mayúsculos. El término “demente” de la vieja ley fue reemplazado por “ declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones”.
El requisito de “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros” en internaciones involuntarias también es nuevo. Este reemplaza al anterior “daño para sí o para terceros o afectación de la tranquilidad pública”.
Otra modificación central está en la evaluación por equipo interdisciplinario y posterior control judicial actual. Este viene a ocupar el lugar del antiguo requisito de “internación con autorización judicial”.
La intervención de “autoridades policiales” para la internación también fue dejada de lado. La ley vigente establece que “autoridades públicas” dispongan el traslado y la evaluación de la persona.
Fuentes
Ley Nacional 26.657 de Salud Mental (texto completo). Versión online.